Etica pública

LA CORRUPCION EN NUESTRA REGION LATINOAMERICANA


Hernán Saldarriaga A.

Con profunda tristeza, aún como periodista, uno tiene que registrar la noticia de la evolución del Indice de percepción de la corrupción, en nuestra región latinoamericana.

El siguiente es el análisis que hace Probidad del trabajo presentado por Transparencia Internacional, una organización de Alemania: (Se abren comillas)

"Según el Indice de TI del 2002, que incluye 102 países, la región con las más altos niveles de corrupción percibida es América Latina.


Hay niveles muy bajos de corrupción percibida en Chile. Para el resto de la región, hay niveles altos, y el país donde se percibe la mayor corrupción es Paraguay que no fue evaluado el año pasado. Se nota un aumento de la percepción de la corrupción en el 2002 para varios países, especialmente para Colombia (.2 puntos a 3.6), El Salvador (.2 puntos a 3.4), Panamá (.7 puntos a 3.0), Argentina (.7 puntos a 2.8), Guatemala (.4 puntos a 2.5), y Venezuela (.3 puntos a 2.5). Sobre los países de nuestra región, ofrecemos los siguientes datos:"

Rango del país

País

IPC de 2002

IPC de 2001

17

Chile

7.5

7.5

32

Uruguay

5.1

5.1

40

Costa Rica

4.5

4.5

45

Brasil

4

4

45

Perú

4

4.1

57

Colombia

3.6

3.8

57

México

3.6

3.7

59

República Dominicana

3.5

3.1

62

El Salvador

3.4

3.6

67

Panamá

3

3.7

70

Argentina

2.8

3.5

71

Honduras

2.7

2.7

81

Guatemala

2.5

2.9

81

Nicaragua

2.5

2.4

81

Venezuela

2.5

2.8

89

Bolivia

2.2

2

89

Ecuador

2.2

2.8

98

Paraguay

1.7

no evaluado

(Se cierran comillas)
Las actitudes corruptas de servidores públicos y empresarios, no sólo significan billones de dólares que nuestros países dejan de invertir para atender las necesidades más urgentes de sus pueblos, sino que alimentan las fuerzas soterradas de quienes no ven otra salida a este lastre, que las armas.

No sé que maldita herencia cargamos nosotros, o qué atávico placer nos hace enorgullecer de ser los sagaces depredadores del Bien Común, que no hemos sido capaces de sacudirnos de este yugo de vergüenza regional, que nos muestra ante el mundo, con la excepción de Chile, como naciones de tan elevada corrupción.

Los caminos de la paz de nuestras naciones no pueden trazarse sino sobre la pulcritud, la probidad, de los hombres y de las mujeres en el manejo de los bienes del común. Esto tienen que entenderlo nuestros gobernantes, tal vez llenos de buenos propósitos, pero rajados en la tarea de ordenar el ejercicio honesto de los bienes de la república.

En el caso colombiano, con los 14 billones de dólares denunciados por el anterior contralor de la República, que defraudaron al país, no tendríamos necesidad de plañir ayudas internacionales para resolver nuestros conflictos internos, y podríamos hacer inversión social capaz de reconstruir nuestro mal trecho tejido social.


EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD

Semana Anterior

El servidor público, a quien compete la responsabilidad de la honra, la vida y los bienes de los asociados, tiene en sus manos un poder que le confiere la Constitución y las leyes, para poder cumplir tan importante cometido.

Pero uno como que les observa cierto miedo y vacilación en el ejercicio de ese poder o autoridad que se les ha dado, porque temen ser llamados "autoritarios".

Claro que en nuetros países, cualquier servidor honesto que templa la rienda suelta de sus conciudadanos es llamado "autoritario", porque se olvidan que la libertad plena no se concibe en un estado de derecho, sino en relación con la libertad de los demás.

Algunos quisieran tener plena libertad para hacer lo que quieran, para publicar lo que quieran, para vender las armas que quieran, para robar lo que quieran, para explotar al que quieran, para enriquecerse a costa de otros como quieran,para subvertir el orden público como quieran.

Entonces, se les dice que eso no puede ser así, y escudados en libertad de prensa, en libertad de empresa, en libertad de acción, en libertad de movilización, gritan que se les están conculcado sus derechos, cuando son ellos los que han privado de sus derechos a la mayoría de sus conciudadanos.

El servidor público no puede tener miedo a ejercer la autoridad, menos en pueblos tan indisciplinados como los nuestros, aunque haya organizaciones nacionales e internacionales de corean voces de protesta como eco, cuando se busca el bien común sobre el bien individual desbordado.

¡Y cómo estamos de desbordados!

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LA AMENAZA DE LA PÉRDIDA DEL EMPLEO (2)

La semana anterior llamamos la atención a los líderes de los organismos del Estado para que fincaran sus energías en ahorrar gasto público en frentes como la corrupción, las compras desmedidas, en salarios para los altísimos funcionarios con sueldos también altísimos, en gastos superfluos del Congreso.

Qué tristeza tener que decir que los "padres de la patria" o mejor los padres de este feudo en que han convertido a nuestras naciones, tienen gastos superfluos, cuando debían ser señalados ejemplos.

Pero es necesario también decirles a los servidores públicos que a cambio de la reducción de la amenaza de la pérdida del empleo, es necesario mayor eficiencia, mayor eficacia y por lo tanto mayor efectividad en sus puestos de trabajo.

Cuando hemos dicho que es necesario conservar los empleos de los servidores públicos en momentos en que la recesión azota a nuestros países, porque el empresario privado no puede generar nuevos empleos en la lucha con los mercados globalizados, lo hemos dicho pero en relación con aquellos hombres y mujeres que vienen cumpliendo a cabalidad sus funciones, en los cargos que realmente está necesitando la nación.

Porque para esos servidores públicos sinvergüenzas, sin sentido de responsabilidad con su patria, sin pundonor, sin probidad, sin honradez, sin palabra, sin puntualidad, injustos y groseros, el desempleo tiene que ser su ejemplar castigo.

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LA AMENAZA DE LA PERDIDA DEL EMPLEO

El Servidor Público está en permanente zozobra en relación con su puesto de trabajo.

Los mandatarios de turno suelen presentar como trofeo de caza el número -mientras más voluminoso mejor-, de puestos de trabajo recortados o de servidores públicos con los cuales se llega a arreglos para que se retiren de la institución.

Es absolutamente claro que el recorte de los gastos públicos, es una imperiosa necesidad para fomentar la inversión social.

Pero también es claro que en una economía en dificultades -también por acción u omisión gubernamental-, no puede arrojarse a la calle legiones de servidores públicos, que no encontrarán empleo en el sector privado y que tendrán que derrochar sus liquidaciones, en esfuerzos de aprendizaje, a través del ensayo error de prácticas de pequeños empresarios, para los cuales no están preparados, o que tendrán que ir a ocupar los puestos que les ofrece la suversión.

Los grandes recortes presupuestales tienen que hacerse pero no en perversas acciones como es la de arrojar mas leña al fuego de la tasa de desempleo ya alta en los países latinoamericanos.

Los gobernantes, capaces, tienen que vencer la corrupción que es la vena rota de la economía. Ahí si se mide su talla administrativa. No en el fácil acto de quitarle un pobre salario a un grupo familiar que depende del servidor público.

Los economistas se retorcerán en sus asientos leyendo este mensaje, pero si estamos con grandes problemas sociales por culpa de un sistema económico, tenemos que buscar el mayor desarrollo del Estado como empleador, mientras las dificultades economícas, propias de la globalización, son superadas.

O para qué demonios sirve, entonces, el Estado.

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LO PÚBLICO

El hombre y la mujer que trabajan en el sector público tienen que estar convencidos de que a ellos obliga con mayor exigencia el cumplimiento de la normatividad ética porque se constituyen o en personeros o en administradores del bien común, por razón de su cargo.

El gobernante probo encamina su gestión a lograr que su equipo de trabajo, todo su equipo de trabajo, tenga la transparencia, el afán de servicio, la entrega que demanda toda labor en función de lo común.

Pero no puede dejar al azar o a la sola interpretación de las personas la línea de conducta esperada durante el ejercicio de su mandato.

Desde ya, quienes se preparan a ofrecer su nombre a consideración de sus conciudadanos electores tienen que delinear, a manera de cuerpo de deberes, las actitudes o comportamientos que esperarán de quienes les acompañarán en su gestión.

Ese cuerpo de deberes hará énfasis en aquellos valores y principios básicos que el administrador considera prioritarios para el éxito de su trabajo por el bien común.

Cifrará su mayor empeño ya en la probidad, ya en la prudencia, ya en la justicia, ya en la templanza, ya en la idoneidad, ya en la responsabilidad, pero desde ellas buscará un gran respeto a los derechos humanos, un especial trato a las minorías, una mayor conciencia ecológica y por sobre todo un gran respeto a la dignidad humana, como lo escribiera el ministro español de Administraciones Públicas Mariano Rajoy Brey.

Porque en el funcionario público es en quien la comunidad delega la administración de su bien, es por lo que el aspirante a orientar el talento humano del estado y sus empresas, debe mostrar, en su plan programático, su intención de servir y servir con honestidad. ¡Y cumplirlo!


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ETICA Y POLITICA

Recurrimos nuevamente al libro de Fernando Savater, para ilustrar el comportamiento ético que se tiene que exigir a los políticos. En Etica, política y ciudadanía, dice:"La deontología política debería impulsar una cierta función ejemplar o educativa en las tareas del político".

Pero lo que uno está viendo es el mal ejemplo de políticos que se apropian de bienes del común; políticos que lanzan acusaciones graves contra personas, sin pruebas, sin evidencias, salvaguardados en sus fueros; políticos opositores sistemáticos, por el solo hecho de buscar los votos, sin importarles los riesgos de sus juicios ligeros, para el país; políticos que apoyan por disciplina de partido, a hombres o mujeres cuya conducta contrasta con las sanas costumbres de su pueblo; políticos que pisotean la fe de su gente, para alcanzar titulares de primeras planas en los periódicos, por el "arrojo" de sus declaraciones antirreligiosas; políticos que intrigan ante los organismos que deben controlar, y a cambio de prebendas abandonan su rol evaluador de las gestiones de sus controlados.

Pueden ser los menos, pero se ven más.

Hay políticos alineados con su tarea de ser educadores con su ejemplo, pero su voz es como apagada, su acción no está visible a los ojos de sus conciudadanos, por falta de coraje, de capacidad de defender lo que es bueno, por carencia de facultades que los políticos no éticos desarrollan con gran habilidad.

Será preciso, entonces, que los políticos que sienten como propia la tarea de servir de ejemplo en su actuar ético a su pueblo, tengan igual o superior entereza que aquellos que con su mal ejemplo multiplican la maldad entre sus gentes.


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MAS ESCANDALOS INTERNACIONALES

Ya no es sólo la Enron y la firma Artur Andersen, quienes siguen siendo investigadas por su falsedad contable y destrucción de pruebas, también aparecen otras firmas que tienen como un común denomidador y son las manipulaciones contables.

Los contadores, los revisores fiscales, los auditores, son profesionales que tienen un deber fundamental con la organización y con la sociedad o comunidad en general: su independencia y objetividad.

El profesional de estas disciplinas, si bien es pagado por las organizaciones que contratan sus servicios bien con trabajadores dependientes, bien como independientes, tienen que saber que las empresas pagan su trabajo, pero no compran su objetividad, su transparencia, su dignidad, su decoro.

Y no pueden hacerlo, porque el dictamen de este profesional es un servicio público, en el cual se basan el Estado, los accionistas, los corredores de bolsas, los inversionistas, para tomar sus importantes decisiones.

Pero esto parece que lo hubieran olvidado los mismos profesionales, o las universidades de donde son egresados, porque unos rudimentos de ética civil, les hubiera enseñado que esta disciplina es exigente con el titulado en los informes que debe rendir y su trascendencia para la economía de una empresa, unas personas y un país, inclusive.

Y aún más, el Estado, como salvaguardador del Bien Común, desde ya debe entrar pisando duro, en todos nuestros países, porque si eso pasa en pueblos que se dicen respetuosos de la ley, que será en los nuestros, donde "hecha la ley, hecha la trampa". Semana anterior

EL MIEDO EN EL SERVICIO PUBLICO

El servidor público tiene que entender que su cargo es, fundamentalmente, un cargo de servicio a la comunidad.

Servir a la comunidad exige una vocación diferente a la que exigen los otros cargos en empresas que no son del Estado.

Esto lo tienen que entender todos los servidores públicos, muy claramente, porque esa vocación para estas posiciones, demandan espíritus valientes y no pusilánimes ni cobardes.

Un juez tiene que saber y tiene que admitir al tomar posesión de su oficio, que hay muchos riesgos implícitos en su tarea. Riesgos grandes, inmensos, relacionados con suy patrimonio, con su libertad y con su vida.

El militar y el agente de policía, igualmente tienen que entender que hay riesgos tremendos, en el ejercicio de salvaguardar los bienes, la honra y la vida de los ciudadanos.

Como ellos, los ciudadanos que buscan el favor de la comunidad a través de las urnas, no pueden, ahora que las fuerzas de la subversión amenazan su libertad, su vida y la vida de sus familias, huir como atemorizados gazapos, ante tales amenazas. Ellos tuvieron que ser conscientes de los riesgos que asumían cuando aceptaron el reto de una democracia en dificultades.

Esto es duro decirlo, pero así es. No honran a su patria, ni honrarán su memoria, ni honrarán su puesto en la historía con esas actitudes.

En cambio sí, hay Servidores Públicos,que están encarando con honor, con valentía, y aún con heroismo este momento de dificultad histórica, en respuesta a su juramento ante Dios y ante la Patria.

Que Dios y la Patria premien con abundancia su actitud heroica.


(Semana antarior)

¿SE PUEDE DERROTAR LA CORRUPCION?

Transparencia Internacional para Latinoamérica y el Caribe, nos hizo reflexionar con los siguientes interrogantes:

¿Se puede evitar la corrupción?

¿Se puede lograr que el gobierno evite la corrupción?...

¿Se puede lograr que el gobierno y la oposición eviten la corrupción?...

¿Se puede lograr que el gobierno, la oposición y los ciudadanos eviten la corrupción?...

¿Se puede lograr que el gobierno, la oposición, los ciudadanos y los empresarios eviten la corrupción?...

¿Se puede lograr que el gobierno, la oposición, los ciudadanos, los empresarios y también los periodistas eviten la corrupción?...

La verdad que nuestra respuesta inicial pese a nuestra permanente lucha contra la corrupción, era pesimista: La corrupción parece una hidra, de muchas cabezas, incapaz de ser derrotada, por más esfuerzos que hagamos

Pero la respuesta que da Transparencia , a todos sus interrogantes es un sí rotundo y explica que una de las formas de lograrlo es con el programa de Contrataciones Transparentes.

De este programa, que considera como sistema preventivo simple y económico para el control de la corrupción, detalla dos componentes fundamentales: Las Audiencias públicas y el Pacto de Integridad.

Las audiencias públicas son foros convocados por las autoridades, donde todo ciudadano puede exponer sus objeciones sobre las condiciones previstas para la contratación.

El Pacto de Integridad es un convenio celebrado entre el gobierno y todas las empresas que compiten por un contrato, para evitar el pago de “mordidas” entre los proveedores y el Estado.

Se espera que a través de estas prácticas de transparencia se reduzca la corrupción, se ahorre el dinero del erario público, y se genere confianza en las licitaciones.

La transparencia en las contrataciones del Estado, es absolutamente necesaria en un régimen que busque mayor inversión social para sus conciudadanos, y no el beneficio de los depredadores que se enriquecen y que corroen las entrañas del Bien Común, con el beneplácito de los gobiernos débiles.



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¿SOMOS UN PAIS DE PICAROS?

Un reciente estudio de Probidad de "PERCEPCIÓN EMPRESARIAL SOBRE CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN CON EL ESTADO", señala el avance de este cáncer que está corroyendo inmisericordemente al país, con el beneplácito de muchos, lo que viene a confirmar, con fuerza, nuestra teoría de que "los buenos no son más" pese a las manifestaciones públicas y a los grandes avisos y carteles que pregonan lo contrario.

PROBIDAD es una iniciativa de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio – Confecámaras- para contribuir de forma decidida desde el sector privado a la erradicación del flagelo de la corrupción en Colombia.

Veamos algunos apartes de tan importante publicación, en relación con el soborno:

"Conocida la proclividad de sector público y privado, y la alta desconfianza reinante entre empresarios y sector público, se indagó acerca de la iniciativa del soborno. Se tomó como marco de referencia tres posibles escenarios que se dan normalmente en la realidad: a) el empleado público insinúa el pago o soborno, b) el empresario ofrece el pago o soborno y c) el empresario conoce de antemano la modalidad y el monto a pagar."

"Sorprendió el alto porcentaje que tuvo la tercera opción,(el empresario conoce de antemano la modalidad y el monto a pagar) ya que cerca del 42 % de los empresarios conoce de antemano el monto a pagar, dejando implícito el valor del sobrecosto para los contratos."

"Al comparar los resultados con los de la pasada investigación, realizada hace dos años, se puede apreciar un preocupante incremento por parte de los que afirman conocer de antemano la modalidad y monto del soborno, pues se pasó de 37.8 a 41.6%; así mismo también aumentó, aunque levemente, el porcentaje de los que afirma que el empresario ofrece espontáneamente el soborno, pasando de 7 al 9.33%. Disminuyen, en consecuencia, los que afirman que es el funcionario público el que ofrece el pago, pasando del 40 al 33.3%"

Estas cifras son indicadores claros de que, en materia de corrupción, está haciendo falta mayor compromiso y acción de los gobiernos nacionales, departametales. También muestran cómo no avanzamos en disminuir factores tan incidentes en el pésimo concepto en que el hombre y la mujer colombianos, son tenidos en el exterior. Pero sirven,además, para reconfirmar que el empresario privado no ha desarrollado una actitud definitivamente abierta en contra de las prácticas de exigencia u ofrecimiento de sobornos.

Duras expresiones estas, pero reales.

¿Somos, definitivamente, un país de pícaros?


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Sistema de estímulos para los empleados del Estado

El decreto número 1567 de 1998, que regula el sistema de estímulos para los empleados del Estado, presenta unos princios axiológicos que deben regir estos actos administrativos fundamentales en la vida de la organización pública y que, muchas veces, no se practican por la economía de reconocimnientos en que son expertos muchos servidores públicos con mando, porque creen que el solo pago con dinero es la retribución debida a un trabajo hecho con dignidad y con decoro.

Esos principios son:

a. Humanización del trabajo. Toda actividad laboral deberá brindar la oportunidad de que las personas crezcan en sus múltiples dimensiones cognitiva, afectiva, valorativa, ética, estética, social y técnica y desarrollen sus potencialidades creativas mejorando al mismo tiempo la gestión institucional y el desempeño personal.

b. Equidad y justicia. Este principio considera que sin desconocer la singularidad de cada persona, el sistema de estímulos deberá provocar actitudes de reconocimiento para todos en igualdad de oportunidades, de tal manera que la valoración de los mejores desempeños motive a los demás para que sigan mejorando.

c. Sinergia. Este principio se orienta a buscar que todo estímulo que se dé al empleado beneficie a la organización en su conjunto a través de la generación de valor agregado; más que considerar la motivación de unos pocos empleados en el corto plazo, debe procurar el bienestar del conjunto de empleados en relación con la organización y dentro de la continuidad del tiempo.

d. Objetividad y transparencia. Los procesos que conduzcan a la toma de decisiones para el manejo de programas de bienestar e incentivos deberán basarse en criterios y procedimientos objetivos, los cuales serán conocidos por todos los miembros de la entidad.

e. Coherencia. Este principio busca que las entidades desarrollen efectivamente las responsabilidades que les corresponden dentro del sistema de estímulos. Las entidades deberán cumplir con los compromisos adquiridos a través de sus programas de bienestar e incentivos.

f. Articulación. La motivación del empleado deberá procurarse integrando acciones, proyectos, programas y estrategias que contribuyan simultáneamente a la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales.


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"PRINCIPIOS DEL NUEVO CODIGO DISCIPLINARIO UNICO"

El Nuevo Código Disciplinario Unico es una nueva ley colombiana del presente año que entró en pleno vigor a partir del pasado 5 de mayo.

Este nuevo código trae unos principios básicos, algunos de los cuales queremos recoger en esta publicación:

En primer lugar, resaltamos la intencionalidad de ley que es la de convertir el acto disciplinario en un acto formativo que permita el crecimiento o desarrollo de la persona objeto de la sanción. Se establece este anhelo cuando se dice que la sanción disciplinaria "tiene función preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública".

Cuando la sanción busca otro fin distinto, es una sanción que corrompe la intención de quien la aplica porque busca más las satisfacción de sus instintos sádicos de venganza, de castigo, que la obligación de la formación que tiene que ser propia de todo funcionario público que ejerza el mando.

Concordante con el anterior principio, está el de reconocimiento de la dignidad humana, cuando dice: "Quien intervenga en la actuación disciplinaria será tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano". Este enunciado de la ley fundamenta las actitudes de nobleza en el manejo de los asuntos que correspondan al comportamiento de la persona que tiene su propia dignidad por el solo hecho de pertenecer al género humano, independientemente de la adecuación o no de su conducta.

Este reconocimiento de la dignidad soporta también el de la posibilidad de equivocarse que tiene el Servidor Público, de buena o mala fe, y el de la importancia de brindar nuevas oportunidades para quien, con igual gallardía, sea capaz de reconocer su error y resarcirlo, en razón tambien del reconocimiento propio de su propia dignidad.